En 2014, la extracción metálica produjo el equivalente a 1.6% al producto interno bruto (PIB), mientras que en el 2022 fue solo el 0.6%
El sector de minería metálica se resiste a desaparecer y espera reactivarse en los próximos años de la mano de cuatro proyectos de extracción de metales, cuyas consultas comunitarias avanzan para lograr las autorizaciones pendientes. No obstante, la explotación de la minería no metálica (materiales de construcción), continúa sin mayores alteraciones.
La tendencia de contracción sostenida que ha experimentado el sector desde el 2017 es preocupante, indicó Ricardo Rodriguez analista de Central American Business Intelligence (CABI), durante la presentación del estudio “Impacto económico de la minería en Guatemala 2022”.
Sin embargo, la reactivación de cuatro proyectos de minería metálica -algunos están suspendidos y otros en proceso de permisos- representaría un aporte paulatino de 1.32% al Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivaldría a Q14 mil 213 millones para el año 2027, se indicó.
Además, en los próximos 4 años crecería también el aporte de regalías, impuestos y cánones y la minería llegaría a aportar Q882.14 millones al Estado en ese año, agregó el analista.
Los cuatro proyectos de los que se habla son El Escobal, en Santa Rosa (a cargo de Panamerican Silver), La Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y Pronico y así como Mayaniquel (en Izabal), y Cerro Blanco (en Jutiapa). Sobre este último, se prevé el próximo inicio de operaciones, según Valery Zurita, directora ejecutiva de la Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras (Grenat).
También está suspendida El Tambor o La Puya (en departamento de Guatemala).
Huella económica
En el 2014 el sector de minas y canteras representó 1.6% del PIB, y al 2022 se situó en 0.6%.
Cabi también estimó la huella económica del sector, que llegó a representar Q20 mil millones en el 2014, el 4.5% del PIB total de ese año. Posteriormente empezó a bajar de forma paulatina, hasta que en el 2021 y 2022 significó Q10 mil millones, el 1.5% del PIB.
Los puestos de trabajo también se vieron disminuidos. En el 2014 a 2016 representaba alrededor de 30 mil empleos directos y en 2022, son 22 mil 500.
Por otro lado, la actividad minera atrajo inversión extranjera directa por alrededor de US$1 mil 306.8 millones del 2011 al 2016 según el dato de flujo acumulado; entre el 2017 y 2018 hubo salida de capitales por falta de certeza jurídica por más de US$150 millones y en los años siguientes se mantiene con menos de US$100 millones anuales.
Si operan los cuatro proyectos en mención el aporte económico inicial podría calcularse en Q4 mil 573.5 millones, que sería 100% más del PIB del sector de minas y canteras en el 2022 y el 62% del total registrado en el 2014, se agregó.
Sin embargo, se deben tomar en cuenta otros comportamientos explica Rodríguez:
Hoy, aunque se mantiene en 0.6% del total de la economía nacional, la producción minera muestra una leve recuperación en los últimos dos años, impulsado por buen comportamiento de precios internacionales y de los proyectos de materiales no metálicos.
En el 2022 el sector recuperó dinamismo en el PIB en términos nominales, lo que se deriva del efecto de los precios, pero cuando se quita ese efecto la industria se contrajo en -2.8%, aunque además, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha estado aprobando más licencias y actualmente están vigentes 316: 273 son de no metálicos como materiales de construcción y solo 43 de proyectos metálicos.
Respecto a los metálicos, en el 2014 la cifra más alta era de oro y plata, a 2022 fue casi exclusivamente hierro y níquel, pero las dos minas suspendieron operaciones entre diciembre del 2022 y febrero de este año.
“Creemos firmemente que la reactivación del sector es posible; en este momento estamos esperando que se puedan levantar las suspensiones a los proyectos suspendidos y también que se pueda activar el que está ubicado en Jutiapa (Cerro Blanco), pues ya está en una fase de obtención de permisos”, expuso Zurita.
Por lo pronto, la gremial trabaja en las bases del trabajo minero, que debe ser responsable, y lo han estado haciendo a través de la búsqueda de alianzas con diferentes instituciones para establecer altos estándares de sostenibilidad, la observancia de los derechos humanos y el fortalecimiento de la transparencia. “Creemos que algo elemental para llevar a esta reactivación es el diálogo que podemos construir entre distintos actores”, dijo.
El reinicio de un proyecto tarda alrededor de seis meses para producir porque se debe invertir en el
equipo, realizar las contrataciones y contactar de nuevo a los proveedores. “Luego de todo lo que ha pasado (suspensiones o atrasos), creemos firmemente que sí es posible una reactivación al momento de levantarse estas suspensiones y se emitan nuevas licencias mineras para exploración, lo cual es fundamental para la reactivación”.
Añadió que también se necesita considerar y atender lo establecido en el reglamento para el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para poder tener una guía clara de cómo realizar los procesos de consulta obligatoria. De reactivarse los proyectos analizados, se produciría y exportaría más níquel, plata, oro, plomo y zinc.
MEM: consultas avanzan
Los viceministros de energía y minas, Luis Ayala (encargado del tema de minas e hidrocarburos) y Óscar Pérez (de Desarrollo Sostenible), explicaron que continúan las consultas comunitarias en proceso:
En el caso de El Escobal (antes conoció como Minera San Rafael), ya pasaron la fase de preconsulta y están en plena consulta, según el cronograma acordado con el Parlamento del Pueblo Xinca y se espera que finalice octubre del presente año.
La consulta procedería, si se tienen las condiciones comprometidas que puedan hacer viable el proyecto. Entonces, el MEM emitiría una resolución mediante la cual se reactiva el proceso minero. “Es decir, se levanta la suspensión de la licencia por decirlo así. El gobierno está haciendo el mejor esfuerzo para que así sea, hemos visto incluso de parte del Parlamento del Pueblo Xinca la voluntad para que así sea, cuyos 59 representantes visitaron por primera vez, junto a sus asesores nacionales y extranjeros, las instalaciones del campo minero”, dijo el viceministro Pérez.
Por aparte, el proceso del derecho minero Progreso VII Derivada (también conocida como El Tambor o La Puya) ha tomado más tiempo del que se esperaba, pues se debe establecer un canal de confianza con la alcaldía Indígena de San José Nacahuil, que representa a las comunidades cachiqueles y xincas que habitan en la zona.
El 13 de agosto (ayer) se tiene prevista una reunión “y es la primera vez que la Alcaldía Indígena y los representantes de las comunidades cachiqueles y xincas acceden a esa actividad”. La mina se encuentra entre San José del Golfo y San Pedro Ayampuc; y San José Nacahuil es parte de este último.
