Con la “guerra” contra las pandillas declarada por Bukele en marzo de 2022, casi 72 mil supuestos pandilleros están presos en El Salvador, en virtud de un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial.
Organismos de derechos humanos critican los métodos de Bukele y alegan que su guerra implica abusos y detenciones de muchos inocentes.
El pasado martes 8 de agosto, con chalecos antibalas y fusiles, unos 150 policías abordaron numerosos carros blindados y partieron con diferentes rumbos a buscar pandilleros en el segundo día de un cerco militar impuesto recientemente por el presidente Nayib Bukele en una región completa de El Salvador.
Antes de partir, los agentes recibieron instrucciones dentro de un antiguo presidio en Ilobasco, una pequeña ciudad del departamento central de Cabañas, que recientemente está bajo cerco de militares y policías.
“Dios lo cuide, adiós, mi amor”, alcanza a gritarle llorando una mujer descalza a su esposo, mientras unos policías se lo llevaron desde su casa en la comunidad rural de Maquilishuat, a pocos kilómetros de Ilobasco.
El oficial a cargo del arresto aseguró que este hombre de 44 años “pertenece” a la temida Mara Salvatrucha (MS-13).
“Es el encargado de movilizar las armas de su pandilla”, señaló el oficial.
Con la “guerra” contra las pandillas declarada por Bukele en marzo de 2022, casi 72 mil supuestos pandilleros están presos en El Salvador, en virtud de un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial.
“Está muy bueno”
Los policías establecieron en las carreteras de Cabañas retenes para detener vehículos y pedir identificación a sus ocupantes, mientras otros, con listas de nombres en mano, buscaban pandilleros en sus casas.
Estos agentes de la Sección Táctica Operativa forman parte del operativo de 7 mil militares y mil policías que Bukele desplegó en
Cabañas después de que unos presuntos pandilleros lesionaran a dos policías en esta zona.
“Yo digo que está muy bueno [el cerco militar] para que así la gente ande tranquilamente”, declaró Cruz Peña, vendedor de periódicos de 63 años en la plaza central de Ilobaso.
Cuando trabajaba en autobuses, un pandillero lo amenazó con un puñal para robarle su dinero. Otros vecinos se vieron forzados a cerrar sus tiendas y se fueron del país para salvaguardar sus vidas.
El Salvador cada vez más cerca de ser un país libre de pandillas
De acuerdo con Voz de América, El Salvador es un país centroamericano que, al parecer, está cada vez más cerca de quedar libre de pandillas.
Según ese medio informativo, El Salvador ti
ene una tasa de homicidios entre las más bajas de la región luego de que en el 2015 fue catalogado como el país más violento del mundo, año en el que reflejó una tasa homicida de 105 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con cifras oficiales.
Bukele implementó un régimen de excepción en El Salvador desde el 27 de marzo de 2022, tras una ola de asesinatos atribuida a las pandillas y que se cobró la vida de 87 personas.
Ese método ya fue extendido en varias ocasiones y en la actualidad, el presidente salvadoreño continúa garantizando la seguridad a los ciudadanos.
Las detenciones masivas han sido la principal apuesta del Ejecutivo de Bukele durante el estado de excepción y el pasado 31 de enero, el presidente salvadoreño inauguró el Centro de Confinamiento del Terrorismo, que tendría capacidad para 40 mil pandilleros.
La nueva megacárcel donde serán recluidos 40 mil presuntos pandilleros es una “pieza fundamental” para ganar la guerra a la delincuencia en El Salvador, afirmó este miércoles 1 de febrero el presidente Nayib Bukele, tras recibir elogios y críticas al presentar la prisión.
Extienden por 30 días más la suspensión de garantías constitucionales
La Asamblea Legislativa de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, aprobó la noche del miércoles 9 de agosto extender por 30 días más la suspensión de varias garantías constitucionales bajo la implementación de un régimen de excepción, “por la reactivación de miembros de pandillas aún en libertad”.
La iniciativa, que fue presentada horas antes de su votación por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, fue aprobada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI) y sus aliados en el órgano Legislativo al sumar 67 votos de los 84 diputados, sin debate previo.
Esta es la decimoséptima ocasión que el Congreso amplia dicha medida, que se ha convertido en la principal acción de seguridad del Gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas.
“Existe una amenaza de reagrupación de miembros de pandillas, persiste la amenaza de la criminalidad de dichos grupos, aún persisten miembros de pandilla y sus liderazgos, y se han registrado ataques contra agentes de la Seguridad”, indica el decreto legislativo leído y aprobado en el Parlamento.
La nueva extensión entrará en vigencia el 15 de agosto y se prolongará hasta el 13 de septiembre próximo.
Desde marzo de 2022, el Congreso decretó la suspensión del derecho a la defensa administrativa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y extendió el plazo de la detención administrativa a un máximo de 15 días.
De acuerdo con cifras divulgadas por fuente oficiales, esta medida ha dejado a más de 72 mil personas detenidas, a las que el Gobierno acusa de pertenecer a las pandillas, mientras que organizaciones humanitarias dan cuenta de más de 5 mil “víctimas directas” de atropellos a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias.
La extensión de la medida se aprueba el mismo día en que representantes de unas 15 familias de personas detenidas durante el régimen de excepción protestaron contra unas reformas penales, que aún no están vigentes, que permiten juicios grupales y que podrían dilatar audiencias hasta el 2028.
Esta protesta es la primera contra el régimen de excepción que se da la ciudad de Santa Ana, la más importante del occidente del país y ubicada a más de 68 kilómetros de la capital.
