La tensión entre el gobierno de Ortega y la Iglesia católica se disparó en 2018, cuando el líder sandinista y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo, solicitaron la intermediación de miembros del clero en la revuelta masiva que inició el 18 de abril de ese año.
“No hagas mención de mi nombre ni de mi comunidad religiosa”.
La conversación, que se realiza a través de la app de mensajería Telegram por razones de seguridad, se produce días antes de lo que será la primera Semana Santa en Nicaragua sin procesiones religiosas en espacios públicos, en un acto más de la disputa del gobierno del presidente Daniel Ortega con la Iglesia católica.
Así lo reveló el obispo de la diócesis nicaragüense de León y Chinandega (occidente), Socrates René Sandigo, a través de un audio que se envió a los sacerdotes y que divulgó la prensa local:
“A muchos les ha dicho la autoridad que el viacrucis solamente se puede hacer interno o en el atrio de la iglesia. A otros todavía no. Por lo tanto es preferible que todos hagamos mejor los viacrucis a lo interno del templo o en el atrio para que mantengamos esa comunión”, orientó Sandigo.
Una fuente eclesiástica de la Arquidiócesis de Managua dijo al diario La Prensa que, después de la misa del Miércoles Ceniza las autoridades policiales comunicaron “que no había permiso por razones de seguridad para hacer los viacrucis”.
Apenas unos días antes, Ortega -quien ostenta el poder desde hace 14 años- había arremetido contra el clero al calificarlo de “mafia” y de ser una organización antidemocrática.
Sus palabras se producían en rechazo a las declaraciones del papa Francisco, quien lamentó la condena de 26 años de prisión contra el monseñor Rolando Álvarez y reclamó una “búsqueda sincera” de la paz a los actores políticos en Nicaragua.
“Si vamos a hablar de democracia (…), el pueblo debería elegir en primer lugar a los curas del pueblo, luego a los obispos, a los cardenales, y tendría que haber una votación en el pueblo católico en todas partes para que se elija también al papa por voto directo del pueblo”, indicó Ortega. “¡Qué sea el pueblo el que decida y no la mafia que está organizada en el Vaticano!“, enfatizó.
La presencia masiva de feligreses en los últimos actos del Miércoles de Ceniza pudo haber detonado la prohibición. Ese 22 de febrero, las principales iglesias se mostraron abarrotadas en un gesto por la defensa del monseñor Álvarez.
“El régimen pensaba que había derrotado a la Iglesia católica después de la condena contra el monseñor Álvarez. Pero ese día la gente salió sin miedo a vivir su misa, en una demostración de que la iglesia está más fuerte que nunca. Eso asustó al régimen y por eso tomó la decisión de prohibir las procesiones”, dice Jaime.
Tradicionalmente la Semana Santa en Nicaragua se ha vivido como una “gran fiesta de fe” que se inicia el Domingo de Ramos con la procesión de la imagen de Cristo en la burrita. Incluye celebraciones con niños y jóvenes, la fiesta de renovación de votos sacerdotales y cierra con las festividades del Domingo de Resurrección. Ahora, toda manifestación de fe fuera de las iglesias está prohibida.
“No dejarnos manifestar en procesiones es algo difícil para las personas de fe, porque tiene un gran significado espiritual. Para mí es una violación a la libertad de credo. Lo que tendremos ahora será una Semana Santa similar a la que vivimos en los tiempos del covid, donde los hogares se convirtieron en templos. La fe es el único espacio de libertad que nos queda en Nicaragua“, explica Jaime.
Contra la iglesia
La tensión entre el gobierno de Ortega y la Iglesia católica se disparó en 2018, cuando el líder sandinista y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo, solicitaron la intermediación de miembros del clero en la revuelta masiva que inició el 18 de abril de ese año.
Lo que comenzó como un reclamo contra las reformas al sistema de seguridad social desencadenó una ola de manifestaciones contra el mandato de Ortega que se prolongó por seis meses y dejó un saldo de más de 300 muertos.
Durante ese tiempo, varios organismos denunciaron excesos en la represión de la fuerza pública y la violación de derechos humanos por parte de un gobierno, que acusó a la oposición de estar buscando un “golpe de Estado”.
Sin embargo, la institución eclesiástica se negó a tomar partido por el bando oficial. Más bien hizo un llamado al diálogo nacional y rechazó la violencia en las protestas. Algunos sacerdotes, incluso, dieron refugio en sus iglesias a los manisfestantes que huían de la represión policial. Un acto que fue considerado por Ortega como una traición.
“Yo sé quiénes estaban detrás de las maniobras, alentando los crímenes que, por principios como cristianos, como pastores, deberían rechazar totalmente”, afirmó entonces el mandatario. “No tienen nada de cristianos y actúan con una mentalidad terrorista, criminal, sumándose alegremente al golpe“.
Lo que siguió después fue una cadena de ataques que arrinconó a la iglesia. Se ordenó la clausura de ocho emisoras católicas y el cierre de tres canales de televisión. Se expulsó al nuncio apostólico, el representante diplomático de la Santa Sede. Se le anuló la personalidad jurídica a la Asociación de las Misioneras de la Caridad, lo que obligó a las religiosas de la Madre Teresa a abandonar el país. Al final, unos 60
religiosos huyeron o fueron expulsados de Nicaragua.
“¿Por qué tanto miedo de Ortega hacia la iglesia? Por el impacto social que ha tenido en la ciudadanía” aclara Jaime. “Desde la crisis de 2018, ha sido la voz profética ante tanta injusticia. La iglesia ha sido intermediaria de ayuda material, espiritual y ha acompañado en los procesos de violaciones de los derechos humanos. No se ha doblegado ante el poder político“.
El pastor disidente
El punto más alto de tensión llegó con la detención de monseñor Rolando Álvarez en diciembre del año pasado. Se le acusa de “conspiración y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense”.
El obispo de la diócesis de Matagalpa se había convertido en una de las voces más críticas dentro de la jerarquía católica de Nicaragua. En sus homilías acusaba a la Policía Nacional de cometer violaciones de derechos humanos y a la pareja presidencial de actos de persecución religiosa y de abusos de poder.
Fue víctima de acoso policial, según denunció en varias ocasiones. Hasta que el 4 de agosto de 2022 se le impidió salir a la calle con el Santísimo en manos y desafío al gobierno. “A la oración el demonio le tiembla (…) Está el mal ahogándose, estremecido ante la oración de un pueblo”, rezó frente a las fuerzas antimotines. Dos semanas después, fue detenido.
